El exalcalde de Progreso de Obregón, identificado con las iniciales A. M. O., aceptó su responsabilidad penal por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, delito cometido en detrimento de la administración pública.
La admisión de culpabilidad se dio mediante un procedimiento abreviado, lo que permitió a la autoridad judicial emitir una sentencia condenatoria sin necesidad de llegar a un juicio prolongado.
Cuatro años de prisión y una reparación del daño millonaria
Como resultado del fallo, el juez impuso una pena privativa de la libertad de cuatro años, además del pago de 4 millones 670 mil 369 pesos como reparación del daño patrimonial causado al erario público.
La resolución confirmó que las acciones del exfuncionario generaron un perjuicio directo a la administración municipal.
Aunque se dictó una sentencia de prisión, la pena puede ser conmutable debido al tiempo establecido. Esto significa que A. M. O. podría acceder a un esquema de semilibertad o realizar trabajo a favor de la comunidad, conforme a lo establecido por la ley.
Esta posibilidad ha generado diversas reacciones, al tratarse de un caso relacionado con el manejo irregular de recursos públicos.
Caso cierra con condena, pero deja dudas sobre sanciones ejemplares
Con esta resolución judicial, el proceso legal contra el exalcalde queda concluido en primera instancia. No obstante, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las sanciones aplicadas a exservidores públicos implicados en delitos contra el patrimonio del Estado.
Las autoridades no han informado si existirán procedimientos adicionales derivados de este expediente.
