El uso indebido de recursos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se ha convertido en una problemática persistente que, de acuerdo con legisladores locales de Tamaulipas, ocurre principalmente al interior de los hogares y rara vez es denunciada.
La diputada local Lucero Deosdady advirtió que ha documentado al menos 10 casos en los que personas adultas mayores fueron despojadas de su pensión por familiares cercanos, aprovechándose de su condición física o de dependencia en Tamaulipas.
Pensión Bienestar para Adultos Mayores es vulnerable ante abuso de confianza
Según lo expuesto, los responsables suelen ser personas cercanas que tienen acceso a las tarjetas bancarias, luego de que los beneficiarios enfrentan enfermedades, movilidad reducida o postración, lo que les impide acudir personalmente a realizar el cobro.
Estas situaciones obligan a muchos adultos mayores a delegar el manejo de su pensión, generando escenarios de abuso de confianza y disposición no autorizada de los recursos.
La legisladora señaló que la mayoría de las víctimas no presenta denuncias por miedo, dependencia económica o vínculos afectivos con los agresores, lo que mantiene estos delitos fuera del ámbito público.
De los casos identificados, tres corresponden a 2026, mientras que el resto se registró durante 2025, lo que confirma que la problemática se mantiene vigente.
Ante este escenario, desde el Congreso local se analizan medidas legales más severas, incluyendo la tipificación del robo de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores como delito que amerite penas de prisión.
Una iniciativa impulsada desde diciembre de 2025 plantea sanciones de cuatro a ocho años de cárcel para familiares que se apropien de estos recursos, además de considerar agravantes cuando exista discapacidad o dependencia física.
Pensión Bienestar para Adultos Mayores seguiría siendo decisión exclusiva del beneficiario
Si bien las reglas del programa contemplan la figura de un auxiliar para apoyar en trámites o cobros, se subrayó que la decisión sobre el uso del dinero corresponde únicamente al beneficiario, por lo que cualquier apropiación sin consentimiento constituye un delito.
La propuesta busca escalar al Congreso de la Unión, lo que implicaría reformas al Código Penal Federal para incluir el concepto de explotación financiera de adultos mayores.
